La Desaceleración y los Empleos de las Nuevas Infraesructuras Sociales

La cruda confirmación de la reducción de las expectativas de crecimiento que se mantenían desde el Ejecutivo, y que ha hecho el Vicepresidente Económico, parece obligar a intentar ver cuáles son las oportunidades de relanzamiento económico. Para ello se viene apelando a recetas tradicionales y así se habla unas veces de acrecentar el ritmo inversor en infraestructuras y otras de estimular el consumo mediante ayudas de carácter fiscal o crediticio. En otros casos, incluso, se hacen alusiones a supuestos planes renove para los tejidos urbanos y siempre se confía en que el diálogo social encuentre alguna fórmula que de pie a algún optimismo futuro. Pues no consuela saber que se crecerá más que otros cuando ello no impedirá que aumente el desempleo y la atonía en las expectativas comerciales.

Sorprende, por tanto, que se acuda a fórmulas pasadas o se piense en políticas de reconversión profesional de las personas en desempleo y que las lleven hacia áreas económicas ya establecidas y maduras. Y no se piensa, por contra, en el desarrollo de las infraestructuras sociales que hay que potenciar para lograr los estándares de calidad de vida, tanto personales como colectivos, que requiere una sociedad avanzada. Lo cual supone atender una demanda que abarca desde equipamientos, como son los de carácter residencial, hasta el desarrollo de servicios que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar o permitan que la atención a la dependencia no se tenga que prestar con medios y maneras cuasi artesanales.

Y es que si en la legislatura pasada se aprobaron leyes tan decisivas para la modernización y la solidaridad ciudadana como son las de la Igualdad o la atención a las personas dependientes, tiene que ser en esta legislatura en la que los derechos en ellas recogidas sean algo concreto y operativo para cualquier persona. Lo que exigirá desarrollar las actividades y por ende crear los empleos adecuados para lograrlo. Con lo que se cumplirán las expectativas que se argumentaban cuando se señalaban los retornos económicos y laborales. Que cabía prever de la inversión pública y particular que habría que hacer para que las leyes fuesen realidad en la cotidianidad de los ciudadanos demandantes.

Ello supondrá procesos formativos y cualificadores, pero supondrá también la aparición de iniciativas empresariales más consolidadas que las actuales y que acabarán mostrando todo el horizonte de lo que pueden suponer, además, los denominados servicios personales. En cuya definición y desarrollo tendrán mucho que decir las propuestas del diálogo social renovado que ahora se inicia y que acabarán concretándose en los procesos de negociación colectiva. Pero que serán más fáciles de definir y perfilar si desde la iniciativa pública se asume y prescribe que en el desarrollo de los equipamientos y servicios de las infraestructuras sociales puede haber tantos empleos, al menos, como los que cabe colegir de aumentar los ritmos de cumplimiento del Plan de Infraestructuras o el mejoramiento de los equipamientos urbanos y del medio rural. Lo cual, a la postre, podría reconducir los gastos de protección social a los desempleados en inversiones en capacitación profesional para desarrollar las nuevas oportunidades económicas, sociales y empresariales de los negocios de la felicidad y la solidaridad colectivas.

Aunque para ello haya que concienciar a todos de las oportunidades existentes. Y poner manos a la obra de crear las nuevas infraestructuras sociales que son competencia en parte del Gobierno de España pero sobre todo de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local. Lo que exigirá ordenar los recursos públicos para tal fin y también estimulara ala iniciativa privada para que comparta su desarrollo y su gestión.

Javier Benavente

JBB/23.4.2008