Inversion. Los ayuntamientos descartan aplicar la ley de medidas urgentes de la vivienda

 DIARIO DE IBIZA – EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
Los municipios de Eivissa ya prevén medidas para la construcción de promociones de protección oficial sin necesidad de aplicar la ley que prevé aprobar el Govern. Los alcaldes del PP creen que «no tiene sentido» y Sant Josep reconoce que tiene «aspectos mejorables»

Los ayuntamientos de Eivissa consideran que la Ley de actuaciones urgentes para la obtención de suelo donde se puedan construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) que el Parlament balear tramitará durante los próximos meses no se ajusta a las condiciones de los municipios de la isla y todos ellos descartan, por ahora, su aplicación alegando diversos motivos.
Con esta nueva ley, el Govern balear pretende crear reservas de suelo con celeridad para atender «el déficit actual y la demanda prevista en los próximos años». Mediante concurso público, los promotores podrán ofrecer a los ayuntamientos terrenos donde habilitar los nuevos polígonos de viviendas. Para la selección, según explica la conselleria balear de Vivienda y Obras Públicas, se dará prioridad a los suelos urbanos sin urbanización consolidada, pero también se aceptarán áreas de transición que actualmente, pese a ubicarse en el extrarradio de los zonas urbanas, tienen la calificación de suelo rústico, lo cual ha suscitado mucha polémica y, hasta ahora, ha centrado el debate sobre esta ley. Además, dicha normativa prevé que el 50 por ciento de estas nuevas áreas de crecimiento se destine a VPO, por lo que el resto se ofrecerá en el mercado libre. Este último punto genera dudas en los ayuntamientos del PP, que, en cierta manera, creen que podría tratarse de «una especie de pelotazo encubierto», tal como apunta el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, o, en palabras del alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, una forma de fomentar «nuevos ricos».
 
En todo caso, como todos los ayuntamientos de la isla están tramitando la revisión de sus planeamientos urbanísticos, los alcaldes y concejales de Urbanismo consultados por este periódico descartan el uso de dicha ley, puesto que ya tienen previsto incorporar en las áreas de crecimiento de sus nuevos planes dotaciones de viviendas sociales. Cabe tener en cuenta que los ayuntamientos tienen la potestad para aplicar o no dicha ley en función de las necesidades de su municipio.
Los alcaldes del PP son muy críticos con esta nueva normativa, hasta el punto de decir que, a su entender, no tiene «ninguna utilidad práctica». «Me parece que no sirve para nada», asegura, por ejemplo, el primer edil de Sant Antoni, José Sala. Precisamente, Sala y el resto de los alcaldes de la isla asistieron el pasado jueves una reunión celebrada la sede del Consell de Eivissa con el director general de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, Joseba de Dañobeitia, para conocer de primera mano el alcance de la ley que pretende sacar adelante el Ejecutivo autonómico. «Le hicimos muchas preguntas y la verdad es que no sé para qué sirve, puesto que la dotación de suelo para la construcción de viviendas sociales se puede incorporar en el planeamiento municipal con las mismas condiciones sin necesidad de que el Govern intervenga para nada», justifica el alcalde de Sant Antoni.
De hecho, la ley prevé que el Govern tramitará y aprobará mediante Normas Subsidiarias y complementarias a los planeamientos de cada ayuntamiento la creación de la reserva estratégica de suelo para la construcción de VPO. «Aquí, en Eivissa, esta medida no hace ninguna falta porque los ayuntamientos están revisando sus planeamientos y, en el caso de que los tuvieran ya aprobados, podrían incorporarlo mediante una modificación puntual de los mismos. Además, se haría más rápido», dice Sala, quien apunta que el director general de Vivienda aseguró en la reunión del pasado jueves que dicha ley podría entrar en vigor a partir de abril o mayo del año que viene, cuando, en «tres meses», según Sala, cualquier municipio puede aprobar una modificación puntual de su plan urbanístico.
Imposible en Sant Joan
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, asegura que aún debe «madurar más» el contenido de dicha ley, pero que, por la información obtenida, en su municipio es «inviable» su aplicación debido a que las áreas de transición colindante a los dos núcleos consolidados (Sant Joan y Sant Miquel) tienen la calificación de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). «El propio director general de Vivienda me comentó que en estas áreas era inviable», explica. Sólo en el sur de Sant Miquel la continuidad de la zona urbana consolidada se sitúa en suelo rústico común. No obstante, sus propietarios, según explica el alcalde, han manifestado en reiteradas ocasiones ante el Ayuntamiento que «no tienen ningún interés» en impulsar ningún proyecto urbanístico. «Si a los que quieren desarrollar urbanísticamente sus terrenos no le dejamos, no vamos a forzar a que lo hagan aquellos que no tienen ningún interés», justifica.
Por otra parte, Antoni Marí considera que esta ley, que prevé que el 50 por ciento de estas nuevas áreas de crecimiento se destine a viviendas libres, «deja una puerta abierta» a que puedan surgir «nuevos ricos». «Muchos promotores se podrían hacer millonarios», señala el alcalde, que puntualiza que se trata de «una opinión personal».
El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, defiende que se trata de «una iniciativa positiva», aunque a su vez admite que hay «aspectos mejorables», como la recalificación de suelo rústico. «Aún es pronto para opinar porque la ley debe pasar todavía el trámite parlamentario, donde seguramente se pulirán cosas», afirma. Prats apunta que de momento el Ayuntamiento de Sant Josep no tiene intención de hacer uso de esta ley porque en la revisión de su planeamiento urbanístico, cuya aprobación inicial se tramitará a finales de mes, ya se prevé la construcción de viviendas de protección oficial en Cala de Bou y Sant Jordi. En todo caso, el concejal puntualiza que dicha ley podría servir, en un momento dado, para acortar los plazos.
La posición de Sant Josep coincide con la del Ayuntamiento de Vila, ambos gobernados por la coalición PSOE-Eivissa pel Canvi. El concejal de Vivienda y Casco Histórico de Vila, Marc Costa, recuerda que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya se prevén promociones de viviendas de protección oficial. «Como no podía ser de otra manera, el Consistorio agotará el suelo urbano y urbanizable que prevé el nuevo planeamiento. Por eso, estaría exonerado de momento de autorizar viviendas en áreas de transición», explica.
Caso de Palma y Calvià
Costa también admite que, aunque «la ley tenga vocación autonómica», podría ser que el Govern hubiera pensado más en «los casos de Palma o Calvià», en Mallorca. Insiste en que aunque se trata de «una idea imaginativa para acelerar los trámites», Vila no se planteará su aplicación hasta que no agote sus reservas de suelo. Además, el concejal recuerda que los proyectos de Vila van más allá de lo que prevé la ley porque en el caso de la promoción de Can Escandell el 80 por ciento será de precio tasado.

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