La regulación de las residencias de mayores reduce a la mitad las sanciones en seis años

NORTEDECASTILLA.ES – A. SANTIAGO Y V. REDONDO 
La Junta levantó seis actas a asilos palentinos el año pasado y tan sólo una de ellas ha conllevado sanción La Ley del 2001 hace desaparecer las viviendas ilegales, pero sigue pendiente la mejora del personal.
Viejos asilos poco o nada adaptados a sus inquilinos, viviendas semiclandestinas que no se sometían a regulación alguna y que incluso acogían a personas en sillas de ruedas sin tener ascensor, atención y servicios dudosos en manos poco expertas, y un sector con escasa vocación y con sólo intereses empresariales. Era el panorama de las residencias de ancianos de hace poco más de una década. Las transferencias de los Servicios Sociales a la comunidad, en el año 1996, han traído consigo la inspección y la regulación del sector que han supuesto un cambio radical y una clara profesionalización de estos centros para mayores de 65 años; aunque todavía hay asignaturas claramente pendientes.
La Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores del 2003 y el Decreto del 2001 sobre acreditación y requisitos para abrir una residencia obligaron a cambiar a los empresarios sus ofertas. La normativa exigía infraestructuras adecuadas y un mínimo de personal, entre otros requisitos. Los cambios se reflejaron también en los expedientes abiertos y en las multas impuestas que se duplicaron entre los años 2000 y 2005 para después, y desde entonces, mantenerse más o menos estables en Castilla y León.

En el año que acaba de terminar han sido 98 las actas levantadas en la comunidad -6 de ellas en Palencia, aunque sólo una de ellas ha llegado a conllevar sanción- mientras que en el 2006 fueron 101. En el caso de la provincia palentina, las sanciones se han reducido a la mitad desde la regulación de las residencias de mayores, si bien, entre los años 2001 y 2005 tan sólo se impusieron dos sanciones a asilos.
Sanciones irregulares
La transferencia de las competencias en materia de Servicios Sociales ha traído consigo unas exigencias que al principio se tradujeron en sanciones por incumplimiento y que, en la actualidad, las residencias ya están más cerca de ellas. Sin embargo, el número de sanciones es irregular y no necesariamente refleja empeoramiento o mejora del sector. Lo que cada vez es más escaso son los cierres de centros, este año sólo se ha producido el de Seimi, en Ávila, por falta de autorización. En la mayoría de los casos, la necesidad de modificar las condiciones para las que fueron autorizadas las residencias o la falta del personal exigido han sido las causas de infracción.
En Castilla y León, se han resuelto el año pasado 37 procedimientos de los 98 abiertos. Este es uno de los principales problemas del control del sector. De poco sirve que la inspección levante acta si la mayoría no se tramita. La Unidad de Normativa y Procedimiento de las Gerencias Territoriales son las responsables de esta resolución; pero las provincias no dan salida a las actas levantadas también por falta de personal para instruir los procedimientos, según destacan fuentes del sector.
Otro de los problemas para mejorar la calidad de los centros es la del personal. Aunque ha habido un importante avance en la mejora de los edificios y sus estructuras -con rampas, baños adaptados, ascensores, cocinas y otras exigencias- sigue habiendo importantes carencias en el personal de atención directa. Los empresarios suelen cumplir con los mínimos legales, el problema es que la ley los establece demasiado bajos, según criterios de profesionales del sector. Además, para que sea rentable, al final una residencia es siempre un negocio, contratar profesionales encarece lógicamente los gastos.
Los trabajadores que están en contacto directo con la persona mayor, sobre todo cuando es asistida -es decir, que necesita ayuda para casi todo- está mal pagado, tiene fuertes cargas físicas y, por ello, cambia continuamente de centro laboral. Este gran movimiento del personal dificulta además al anciano su posibilidad de relacionarse y sentirse a gusto con quien lo cuida, pierde su referencia.
El gerocultor o auxiliar tiene escasa formación, la ley exige muy poco, y está mal pagado, explican fuentes del sector. La norma exige durante el día uno por cada 17 en caso de que sean válidos y por cada diez o cada cinco en el caso de asistidos según su incapacidad. Encontrar el equilibrio entre la atención de calidad y el margen de beneficio para el empresario es la principal asignatura pendiente para los profesionales.
La causa más frecuente de infracción grave es el ocupar plazas concedidas para mayores de 65 años válidos, es decir, que se defienden por sí solos, con personas asistidas. Este fraude en el tipo de usuarios supone un abaratamiento para la empresa dado que las exigencias de plantilla y de infraestructuras son menores.
Otras causas habituales que conducen a un expediente es la falta de personal suficiente. La administración regional considera que si falta más de la mitad de la plantilla exigida por la regulación autonómica la infracción se considera como muy grave. También ha sido habitual en los últimos años tener ingresados más residentes. 

Comments

  • hola yo estube en la residencia seimi de avila stube cosa de 1 año como maximo despues me llevaron a malaga al centro de dulce nombre de maria, solo keria decir ke la residencia seimi no tendria ke aver cerrado ya qe severiano y todos los trabajadores del centro era escepcionales tenian un trato maravilloso con todos nosotoros,

    Yer
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