Hacemos tu plan de igualdad

El 1 de marzo entró en vigor el nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

A partir de ese momento, las empresas que tengan entre 151 y 250 trabajadores, deben aprobar su plan de igualdad en un periodo de un año. Aquellas que cuenten con una plantilla de 100 a 150 trabajadores, disponen de dos años y las que estén formadas entre 50 y 100 trabajadores, tienen tres años de plazo.

Cumpliendo con los plazos establecidos, es obligatoria la inscripción de los planes de igualdad una vez se haya concluido su negociación. Este registro deberá realizarse en el Ministerio de Igualdad.

Se desarrollará un diagnóstico previo a la negociación del plan de igualdad, que debe ser pactado con los trabajadores sobre las siguientes materias: procesos de selección, clasificación profesional, formación profesional, condiciones de trabajo, retribuciones y prevención del acoso.

Se obliga a todas las empresas a establecer un registro salarial. Deberá incluir: valor medio de los salarios, complementos y percepciones desagregados por sexo y distribuidos por grupo y categoría profesional, así como puesto de trabajo.

Esta actuación es de obligatorio cumplimiento por ley. Pero hay muchas empresas que ya aplican desde hace tiempo su plan de igualdad y cumplen con medidas de no discriminación: es un deber moral que va mucho más allá de lo establecido por la ley.

En Alares ofrecemos servicios innovadores que tienen como fin cuidar a las personas, sus familias y hacerles la vida más fácil. Ayudamos a impulsar la Responsabilidad Social y, como expertos en materia de conciliación, hacemos planes de igualdad a medida de cada empresa.

Además, contamos con un servicio de consultoría, mediante el cual apoyamos a los trabajadores de las empresas a manifestar aspectos personales ante sus compañeros y a las propias organizaciones a conocer aquello que hasta el momento no habían descubierto de sus propios empleados.

En ocasiones sucede que las propias personas no saben que padecen una discapacidad. Por este motivo, tienen una serie de ayudas que facilitan su día a día y algunas ventajas que pueden mejorar su bienestar. Esta iniciativa tiene como objetivo que sean conscientes de ello, beneficiando así tanto al propio empleado como a la organización correspondiente. Mediante terapias, talleres y actividades, conseguimos que todas las personas de la plantilla se sientan integradas.

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad

Medidas_Alternativas_Discapacidad

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad / «Medidas Alternativas. El próximo 9 de marzo entran en vigor  la Ley de Contratos Públicos que establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas, esta Ley de carácter general modifica diferentes normas entre las que se encuentra la LRJSP (40/2015) y La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (RDLeg 1/2013).

En este contexto estamos recibiendo diferentes consultas del tejido empresarial en relación a las licitaciones públicas, y las empresas se plantean si estas modificaciones afectan al cumplimiento de la cuota de reserva a través de las medidas alternativas.

Por ello, Fundación Alares ha realizado unas reflexiones al respecto:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos (LCP) prohíbe la contratación con entidades públicas a aquellas “personas” (jurídicas) que no cumplan “el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.(Art. 71.1.d)

Se plantea la duda de si esa prohibición conlleva que las empresas adjudicatarias de un concurso público  tengan  que  cumplir  con tal  requisito  exclusivamente  mediante  la  contratación  directa  de personas  con discapacidad,  o  bien  resulta  posible  hacerlo  mediante  la  aplicación  de  medidas alternativas.

A  la  vista  de  las  razones  que  se  relacionan  a  continuación,  la  conclusión  es  que no  ha cambiado respecto a la regulación actual, vigente hasta el 8 de marzo y, por tanto, una   empresa   adjudicataria   podrá   cumplir    tal    requisito    bien    mediante   la contratación directa o bien mediante el recurso a medidas alternativas.

 

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