Información sobre el nuevo Real Decreto-ley de igualdad

El 1 de marzo entró en vigor el nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Los plazos para cumplir con la nueva obligación son:

  • Las empresas que tengan entre 151 y 250 trabajadores, deben aprobar su plan de igualdad en un periodo de un año.
  • Las que cuenten con una plantilla de 100 a 150 trabajadores, disponen de dos años.
  • Las que estén formadas entre 50 y 100 trabajadores, tienen tres años de plazo.

En el mismo, se han aprobado una serie de novedades, entre las que destacan:

  • Es obligatoria la inscripción o el registro de los planes de igualdad una vez se haya concluido su negociación. Esta inscripción deberá realizarse en el Ministerio de Igualdad.
  • Se desarrollará un diagnóstico previo a la negociación del plan de igualdad, que debe ser pactado con los trabajadores sobre las siguientes materias: procesos de selección, clasificación profesional, formación profesional, condiciones de trabajo, retribuciones y prevención del acoso.
  • Se obliga a todas las empresas a establecer un registro salarial. Deberá incluir: valor medio de los salarios, complementos y percepciones desagregados por sexo y distribuidos por grupo y categoría profesional, así como puesto de trabajo.

En las empresas en que haya más de 50 trabajadores y exista una diferencia de 25% o más en la media de las percepciones entre hombre y mujeres, deberá especificarse en el registro salarial que tal diferencia no corresponde a motivos relacionados con el sexo de las personas.

  • Permisos retribuidos:

-Se equipararán los permisos de maternidad y paternidad en 16 semanas, de las cuales las siguientes 6 son obligatorias para ambos y a jornada completa. Ambos permisos son intransferibles.

-De paternidad: será aumentado progresivamente. A fecha 1/03/2019, dispondrán de 8 semanas, de las cuales 2 serán inmediatamente tras el parto. En 2020 ascenderá a 12 semanas, siendo 4 tras el parto. En 2021 ampliará a 16 semanas.

Permiso de lactancia: se denominará “permiso para cuidado del lactante” que podrán disfrutar ambos progenitores. En el caso de que sean de una misma empresa y lo disfruten al mismo tiempo, ésta podrá limitarlo por razones de funcionamiento. Este derecho podrá ejercerse hasta los 12 meses del menor, no obstante, tendrá una reducción salarial a partir del 9 mes.

En el supuesto de familias numerosas se reservará el puesto durante un periodo de 18 meses.

  • Contratos:

-El trabajador tendrá derecho a que se le abone la retribución por su trabajo de igual valor en caso de que se produzca una discriminación salarial por razón de sexo.

Se incluye la violencia de género como una de las causas que interrumpen el cómputo de la duración del contrato en prácticas, así como el periodo de prueba.

Se declara nula la extinción del contrato durante el periodo de prueba de trabajadoras embarazadas, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo.

  • Despidos:

-La declaración de nulidad del despido producido después de la reincorporación (por nacimiento, adopción, acogimiento…) se extiende hasta los 12 meses.

  • Será en negociación colectiva donde se establecerán los términos para el ejercicio del derecho a adaptar la jornada a las necesidades familiares, incluyendo también el trabajo a distancia. En el caso de que no haya negociación colectiva, se recurrirá a lo acordado entre la empresa y la persona trabajadora.
  • Los representes de los trabajadores tienen derecho a recibir anualmente información sobre «los datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales».

Más información:
[email protected]
912750555

NUEVA FECHA 15 DE MARZO:Jornada informativa para analizar las novedades del nuevo Real Decreto que regula la Formación Programada

NUEVA FECHA 15 DE MARZO:JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL RECIENTE RD 694/2017 QUE REGULA Y DESARROLLA EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL

Novedades 2018 en la Formación Programada (Bonificada) “Real Decreto 694/2017, de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.”

Desde Alares, y en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), hemos querido organizar esta jornada con el objetivo de dar a conocer los elementos más novedosos del nuevo Real Decreto, centrándonos en la Formación Programada (Bonificada) por la empresa, así como para analizar y aclarar posibles dudas e inquietudes sobre las novedades del año 2018.

Fecha: 15 de marzo

Hora: 09:30h.- 12:00 h.

LUGAR: Casa Club Calle Pinar 17

28006 Madrid

Invitación

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Inscripciones a la jornada

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad

Medidas_Alternativas_Discapacidad

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad / “Medidas Alternativas. El próximo 9 de marzo entran en vigor  la Ley de Contratos Públicos que establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas, esta Ley de carácter general modifica diferentes normas entre las que se encuentra la LRJSP (40/2015) y La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (RDLeg 1/2013).

En este contexto estamos recibiendo diferentes consultas del tejido empresarial en relación a las licitaciones públicas, y las empresas se plantean si estas modificaciones afectan al cumplimiento de la cuota de reserva a través de las medidas alternativas.

Por ello, Fundación Alares ha realizado unas reflexiones al respecto:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos (LCP) prohíbe la contratación con entidades públicas a aquellas “personas” (jurídicas) que no cumplan “el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.(Art. 71.1.d)

Se plantea la duda de si esa prohibición conlleva que las empresas adjudicatarias de un concurso público  tengan  que  cumplir  con tal  requisito  exclusivamente  mediante  la  contratación  directa  de personas  con discapacidad,  o  bien  resulta  posible  hacerlo  mediante  la  aplicación  de  medidas alternativas.

A  la  vista  de  las  razones  que  se  relacionan  a  continuación,  la  conclusión  es  que no  ha cambiado respecto a la regulación actual, vigente hasta el 8 de marzo y, por tanto, una   empresa   adjudicataria   podrá   cumplir    tal    requisito    bien    mediante   la contratación directa o bien mediante el recurso a medidas alternativas.

 

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